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La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) ha presentado los resultados del Balance Social del que se desprende que el 50,94% de las personas de colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género o minorías étnicas, han conseguido introducirse en el mercado laboral.

En España existen cerca de 204 empresas de inserción, y para el estudio se han analizado a 181 de ellas, por las que pasaron un total de 2.750 personas con perfiles de vulnerabilidad el pasado año (un 4% más que en 2013).

De estas personas, 1.642 continuaban en inserción en 2015 y 714 completaron su itinerario. La duración mínima es de seis meses y la máxima, de tres años. Durante este periodo, trabajan de manera normalizada, actividad que les sirve para desarrollar sus fortalezas. Según los datos de la organización, transcurrido este periodo de tiempo, 264 personas entraron en el mercado laboral por cuenta ajena, 27 emprendieron y 69 acabaron en plantilla fija de la misma empresa. La otra mitad, 354,  fueron al paro.

"El porcentaje de inserción en otras políticas activas está en torno al 16 por ciento y nosotros tenemos un 50%. Nos parece que es un porcentaje bueno si lo comparas, pero nos encantaría que fuera mayor. El problema es que ahora mismo en el mercado laboral resulta muy costoso acoger a personas que salen de nuestras empresas", explica Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI.

Una de las complicaciones a las que se enfrentan las empresas que participan en políticas de inserción es que, la mitad del personal debe ser de plantilla normalizada y la otra mitad, de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales, por lo que ampliar la contratación fija requiere expandir el volumen de negocio y no siempre es viable.

Ramos destaca los efectos positivos de la reforma en el sistema de contratación pública introducida este año, ya que prima la asignación de servicios a este tipo de entidades que, en caso de cumplimiento, permitirán a las empresas que participan, no sólo acoger a un mayor número de personas, sino poder contratarles posteriormente.

En total, las 181 empresas reflejadas en el estudio contrataron a 974 personas que eran perceptoras de una renta mínima de inserción, e ingresaron el año pasado 90,9 millones de euros, con una facturación de 73,5 millones y generaron un Valor Añadido Bruto respecto del PIB de 57,2 millones de euros.

Además, esto tiene un retorno para la Administración Pública que, sólo en impuestos, retornaron 4,2 millones de euros. Los 955 puestos de inserción fuera de Cataluña -tiene un régimen distinto- han generado un retorno a la administración pública superior a los 9 millones de euros, un retorno social de 7.186 euros por cada puesto de inserción a jornada completa.