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Báñez ha manifestado que desde el año 2012 y hasta febrero de 2017, el impacto económico global de las actuaciones llevadas a cabo en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, se estima en más de 18.237 millones de euros.

Ha expresado el compromiso de todas las administraciones en la lucha contra el fraude en el mercado de trabajo, subrayando que “la calidad del empleo comienza con el derecho a tener un contrato, a estar afiliado a la Seguridad Social, a tener formación, pensión de jubilación, o prestación por enfermedad”.

El “fraude laboral supone una agresión intolerable contra los derechos laborales básicos de los trabajadores”, según declara la propia ministra de Empleo y Seguridad Social. Por ello, ha resaltado que “gracias a la labor desarrollada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha logrado la conversión de más de 265.710 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos”.

La ministra finalizó sus declaraciones animando a continuar con la suma de esfuerzos para alcanzar los 20 millones de personas trabajando que había antes de la crisis, y situar nuestro mercado laboral en cotas de actividad como nunca antes había tenido.