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El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Consejo Económico y Social (CES) del anteproyecto de ley que desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo y la Ley de Economía Social. La nueva Ley busca, en primer lugar, organizar y sistematizar la normativa para fomentar y promover el trabajo autónomo y la Economía Social así como dar un mayor apoyo al emprendimiento y a los autónomos.

De esta manera, los incentivos al trabajo autónomo se recogerán en el título V de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo; y en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social los relacionados con las cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y otras entidades de la economía social.

Los autónomos representan un activo muy importante en España, ya que, sólo en 2014, este colectivo creció en 75.465 personas. Actualmente hay más de tres millones de trabajadores por cuenta propia (3.131.629), y representan el 18,6% del total de los ocupados dados de alta en la Seguridad Social.

La remisión de esta Ley también recoge una ampliación de la Tarifa Plana para Autónomos, para facilitar el emprendimiento y las contrataciones por parte de este colectivo. Además, se extienden los supuestos de la Tarifa Plana Especialmente Protegida a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género e incrementa los incentivos para las personas con discapacidad.

Para aquellos que quieran emprender, se extiende la capitalización de la prestación por desempleo, y ahora podrán capitalizar el 100% de la prestación, sin restricciones de edad, de tres maneras: capitalizando el 100% en un único pago, capitalizando sólo una parte y utilizar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social, o bien destinando el total de la prestación al abono de las cuotas mensuales.

También se refuerzan los mecanismos de protección de los autónomos que perciben, al menos un 75% de sus ingresos, de un único cliente. El nuevo texto recoge la posibilidad de contratar un trabajador para poder conciliar la vida laboral y familiar. Entre los supuestos, se encuentra el riesgo durante el embarazo y lactancia de un menor de 9 meses, en periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento; por cuidado de menores de 7 años a cargo; por familiares a cargo en situación de dependencia o discapacidad igual o superior al 33%.

En el ámbito de la Economía Social, se ponen en marcha medidas para fomentar la incorporación de socios, así como incentivar, mediante bonificaciones, aquellas empresas que contraten a personas en riesgo de exclusión social, y por tanto, con más dificultades para reincorporarse al mercado laboral. De manera que se mantienen las bonificaciones para las empresas que contraten a personas en riesgo de exclusión social.

Con estas nuevas medidas para fomentar el emprendimiento y el autoempleo, el Ejecutivo prevé que en 2019, se llegue a las 550.000 personas afiliadas como autónomos.